La clase trabajadora se mira en el espejo del gobierno Peña

La publicación de este primer número del Boletín Sindical coincide con el tercer aniversario del gobierno Peña.
Muchas trabajadoras, gran cantidad de trabajadores han comparado su situación actual con las expectativas de aquella promesa de campaña «vamos a estar mejor». ¿A qué atribuir la diferencia que salta a la vista? ¿Incompetencia del presidente en cumplir lo prometido o incapacidad nuestra en exigir que cumpla?
¿Nos engañó o nos dejamos engañar?
Analizar lo ocurrido en estos tres años, mirarnos en ese espejo, puede explicarnos por qué estamos peor y quizás mostrarnos el camino para salir de este pozo.
Lo primero que debe ponerse en claro es que el programa del gobierno Peña no es un proyecto que busque satisfacer las aspiraciones populares, los intereses de la clase trabajadora. Toda la actuación gubernamental está dirigida a cumplir lo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que desde 1944 es el instrumento al servicio de los grandes explotadores del mundo para ajustar los cinturones de los trabajadores ante cada crisis, y mantener los privilegios de las minorías. Tanto en tiempos de dictaduras militares como en tiempos de democracias dirigidas por patrones internacionales. En nuestro país, esos mezquinos intereses contrarios a los trabajadores, históricamente han sido defendidos por la dirección del Partido Colorado.
Durante este nefasto gobierno hemos visto desarrollarse un proceso de continuo deterioro de las condiciones de vida de las y los trabajadores reflejando en la reducción del poder adquisitivo del salario, en las pésimas condiciones del sistema de salud, con carencias cada vez más graves en la educación y en las condiciones catastróficas del sistema de trasporte urbano.
Cuatro hitos se destacan y cada uno nos muestra un aspecto diferente de nuestra situación como clase, como trabajadoras y trabajadores. En diciembre de 2023, después de meses de discusiones, de varias reuniones entre representantes del gobierno y de las centrales sindicales y en el marco de una brutal represión policial, se aprobó la ley de Superintendencia de Jubilaciones (Ley N°7235/2023). Esas idas y venidas mostraron a las y los trabajadores que existen dos tipos de dirigentes sindicales: los que asumen y defienden los intereses de la clase trabajadora de manera coherente, insobornable, con dedicación, valentía y trabajo colectivo, poniendo siempre por delante el interés colectivo de la mayoría, y aquellos que traicionando a sus representados, callan o disimulan los atropellos y pactan con el gobierno, muy cómodos y cuidando los beneficios que obtienen de sus cargos en la burocracia sindical.
La aprobación sin grandes cuestionamientos ni mucho alboroto de la Ley Nº.7445 de la Carrera Civil en enero de 2025 expuso la debilidad de las organizaciones sindicales para anticipar los enormes daños a los derechos laborales que la Ley implicaba, sin ni siquiera poner resistencia, ni lograr movilizar a los empleados públicos.
En el primer trimestre de este año se dio la modificación parcial del proyecto del gobierno de reforma de la Caja Fiscal (Ley Nº 7633/26) debido a las movilizaciones de los distintos gremios del sistema educativo público, que son el 34%
de los aportantes a ese fondo jubilatorio, y a su amenaza de no iniciar las actividades del año lectivo, es decir ir a la huelga, los senadores tuvieron que introducir modificaciones consensuadas con los dirigentes de los sindicatos docentes al proyecto inicial aprobado como aplanadora por los diputados.
Esto muestra la potencialidad de la organización sindical para la defensa de los derechos de los trabajadores, sobre todo si cuenta con una dirigencia honesta y alineada con los intereses de su clase y que no duda en utilizar oportunamente sus herramientas de lucha: la movilización, la huelga, las acciones de calle.
El lamentable papel jugado por la representación obrera en la negociación anual para el ajuste del salario mínimo marca el cuarto hito. A lo largo de varias reuniones, las posiciones se mantuvieron intransigentes e invariables: 22,3% por parte de los obreros, lo que dice la ley (2,4%) por los empresarios. El representante sindical pidió una reunión con el presidente de la república, quien demagógicamente terminó decretando 5%. La propuesta sindical podría parecer
maximalista, pero escondía el hecho de que no cuestionaba esa ley que es favorable al empresariado, que no perturbaba el «ambiente de negocios» como dicen ellos.
No exigió un aumento general del salario, un aumento que alcance a todos, apenas propuso recuperar las pérdidas por la inflación. Lo que la clase trabajadora aspira es una mayor participación en el reparto de la riqueza producida por sus propias manos.
Esto muestra la necesidad de que los trabajadores en conjunto definan su propia agenda, elaboren sus propuestas y tomen la iniciativa de proponerlas.
El gobierno Peña nos viene revelando varios aspectos de la realidad de la clase trabajadora que pueden resumirse en: a) la potencialidad y fuerza de las organizaciones para concienciar, movilizar y defender los derechos sociales y
laborales; c) para que esa defensa sea efectiva una condición necesaria es contar con sindicatos fuertes y con una dirigencia honesta e identificada con los intereses de la clase; d) la debilidad ante la patronal y el Estado que representa sus intereses; c) la necesidad de que los trabajadores a través de sus organizaciones superen las demandas o reivindicaciones puramente económicas y logren entenderse como clase trabajadora en su confrontación con las patronales.